El Estado no registra

Diario de un año sin escuela

Panamá se comprometió a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 1990, con la ratificación por ley de la Convención de los Derechos del Niño. Treinta años después, ¿lo cumple?

Por Magdiel Torres

¿Qué garantiza que un niño o una niña logren un desarrollo integral y lleguen a la adultez robustos? ¿Qué hace que crezcan sanos y fuertes? ¿Cómo lograr que midan lo que deben medir a los cinco, siete, nueve años? ¿Que den con la talla adecuada según la edad? ¿Y qué hace que puedan aprender, pensar, comprender? ¿Qué es? ¿La casa? ¿La comida? ¿Agua potable? ¿El trato? ¿El amor? ¿Todo eso?

La Declaración de los Derechos del Niño, que Panamá ratificó por ley, y el Código de Familia local condensan eso que necesitan convirtiéndolos en derechos —o sea, obligando al Estado a garantizarlo—: un nombre, una nacionalidad, alimentación, vestidos, una opinión que sea escuchada, vivienda digna, educación gratuita de calidad, jugar, atención médica, amor, protección contra el maltrato, entre otros.

“Todos los derechos parten de la afiliación, así que lo primero que necesitan es ser reconocidos por madre y padre”, dice la exdiputada y especialista en infancias Teresita Yániz de Arias. “Para el desarrollo del cerebro, es fundamental que en los primeros años de vida una nutrición adecuada y la estimulación multisensorial”, sostiene la Sociedad Panameña de Pediatría. “Todo se engloba en la afectividad. Si un niño no recibe estímulos va a crecer, pero no va a crecer potenciando su desarrollo”, dice la especialista en estimulación temprana Yohaira Jiménez.

Panamá se comprometió a cumplir esos lineamientos. Primero, acogió tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño a través de la Ley 15 de 1990. Treinta años después, en octubre del 2020, sancionó la ley de Protección Integral a la Primera Infancia y al Desarrollo Infantil Temprano, que establece las bases y las directrices técnicas para el desarrollo de una política de Estado en materia de primera infancia y desarrollo infantil temprano. Algo fundamental para el 18 por ciento de la población total del país: niños y niñas entre cero y ocho años de edad. ¿Lo cumple?

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Las pocas cifras disponibles indican que no. En Panamá, el 35.5 por ciento de los niños y niñas menores de 10 años —cerca de 263,784— tiene carencias en educación, vivienda, acceso a agua potable, salud, entre otros indicadores medidos por el índice de pobreza multidimensional.

“La falta de sistemas efectivos que velen por el correcto cumplimiento de las normas a favor de los niños y niñas, hace que no se cumplan”, señala Yániz de Arias. “Hace falta una mayor inversión en programas del desarrollo infantil temprano, pero también es necesaria una buena institucionalidad para poder contar con una política pública efectiva para el mejoramiento de las condiciones sociales de la primera infancia”, coincide el economista Horacio Estribí.

¿Cuántos niños quedan por fuera de un ambiente familiar seguro? ¿Cuántas niñas no acceden a servicios como agua, energía y seguridad? ¿Cuántas no reciben la información imprescindible para entenderse y entender? No se sabe. En Panamá, el Estado no registra: no hay datos que den cuenta de la situación real de la niñez.

“Es difícil contar con datos exactos que permitan conocer la situación real de la niñez en el país por la falta de estudios pertinentes”, dice Eder González, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Eso es fundamental para programar, evaluar y mejorar las políticas públicas. O medir qué derechos se garantizan y cuáles no: “Contar con data confiable y más exacta, permitiría elaborar planes más adecuados y acordes a la realidad particular de los niños y niñas en pobreza multidimensional”, dice González.

Así, no se sabe si las acciones que se ejecutan para garantizar derechos llegan al público —ni a qué porcentaje del público ni a cuál porcentaje no— para el que fueron diseñadas. Sin medición, no hay constatación ni evaluación. Eso hace a la institucionalidad que menciona Estribí.

Tanto en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) como en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) “hace falta un sistema”, agrega Yañiz de Arias: “Cada cinco años, cada gobierno cambia el personal y tira al suelo todo lo hecho en materia social por el anterior. En el tema de la niñez, la incapacidad de las instituciones para formular políticas públicas a largo plazo es algo sistemático".

En Panamá, el 35.5% de los niños y niñas menores de 10 años tiene carencias en educación, vivienda, acceso a agua potable, salud, entre otros indicadores medidos por el índice de pobreza multidimensional.

En la pandemia, la precariedad del cuidado de las infancias se agravó. Con el Estado parado por el virus, los niños y niñas se quedaron sin escuelas y los Centros de Atención a la Primera Infancia (Caipis) cerraron.

Los Caipis dan servicios complementarios de salud y de nutrición. Son 98 distribuidos en todo el país y atienden a más de 2 mil niños y niñas. ¿Qué pasó con ellos? ¿Con quién o quiénes quedaron? ¿Qué efectos tuvo el cierre en sus vidas? ¿Volvieron desde la reapertura paulatina? Tampoco se sabe.

“Los primeros años de vida representan una oportunidad única para sentar las bases del desarrollo psicosocial. Promover la estimulación cognitiva y afectiva es especialmente relevante en la ventana de cero a tres años”, indica un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las claves son la lactancia materna, la nutrición infantil, visitas domiciliarias y acceso a centros de desarrollo. ¿Pasa aquí? No se cuenta.

* Esta historia fue realizada en el marco del taller Contar la Infancia, de Concolón en alianza con Unicef.