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Cuando Alejandrina fue reubicada por la construcción del proyecto minero Cobre Panamá, jamás imaginó tener que pasar por lo mismo otra vez: un exilio forzado, un adiós a tu territorio Para enfrentar el deterioro ambiental y el cambio climático, el Canal de Panamá espera construir un reservorio de agua en la cuenca del Río Indio. Y para lograrlo, deberá inundar varias comunidades incluida El Limón de Chagres, donde ahora vive Alejandrina

Sentada frente a la cabaña de madera con techo de zinc que construyó su esposo, Alejandrina, campesina de 34 años, carga en brazos a su hija recién nacida mientras cuenta su mayor temor. Llegará el día —dice, una tarde de noviembre de 2021— en que no tendrá más opción que abandonar el bosque tropical montañoso que la rodea, porque terminará bajo el agua. Pero ni ella ni nadie en la comunidad El Limón de Chagres sabe cuándo. Solo saben que el plan es construir ahí, en el Río Indio, a 50 kilómetros del Canal de Panamá, El Canal, una reserva de agua que alimente las operaciones de la vía interoceánica. Y para lograrlo, El Limón de Chagres y otros 42 poblados campesinos serán borrados.

—Yo no sabía que por acá se estaban dando esas cosas… como eso había pasado ya en un plebiscito antes —dice Alejandrina, recordando cuando, en 2006, las protestas campesinas forzaron a El Canal a abandonar la idea de inundar sus tierras para ampliar la vía—. Y ahora vine acá y eso está latente. Eso no se ha terminado, ni se va a terminar hasta que ellos cumplan con su objetivo.

Y el destino de Alejandrina es, quizás, un destino que viene luchando contra el tiempo.

En 1999, miles de campesinos del Atlántico de Panamá comenzaron a movilizarse preocupados por la posible inundación de sus tierras para la ampliación de El Canal. Ese año la administración de la vía pasó a manos panameñas después de 90 años de control estadounidense y los nuevos jefes canaleros proponían la construcción de tres embalses, uno de ellos en el Río Indio, para asegurar las maniobras de El Canal ampliado. Los campesinos, en cambio, evaluaban las pérdidas: las casas donde vivían junto a sus familias, las escuelas donde estudiaban sus hijos, las iglesias donde comulgaban, los cementerios donde enterraban y lloraban a sus muertos. La vida y la memoria de 43 poblados desaparecerían en nombre de ese símbolo: un atajo marino que asegura haber aportado 15 mil millones de dólares al fisco. Una abundancia que los campesinos no disfrutan y padecen.

Después de años de lucha, en 2006 celebraron cuando El Canal presentó un nuevo proyecto de ampliación que excluía la inundación de sus tierras. Pero diez años más tarde, la administración desenterró su objetivo inicial. Muy al estilo de hace 110 años, cuando su construcción, El Canal planea inundar otra vez decenas de poblados para reafirmar su imperio del agua.

Foto: Tova Katzman

Las cúpulas de los pueblos sumergidos para crear el lago Gatún fueron convertidos en “hermosas islas”. | Foto: Tova Katzman

El Limón de Chagres es uno de los 231 poblados asentados en la fértil cuenca del Río Indio, reflejo de lo invisible que puede llegar a ser una zona rural del país puente del mundo. Se puede llegar por carretera bordeando el lago Gatún o por lancha, como la que llega esta mañana de noviembre con varios campesinos del área, cajas de cartón con cerdos adentro y un puñado de evangelistas que llevan la palabra. En casa de Alejandrina corretea su otro hijo y algunas gallinas, mientras humea el café  que hierve con agua de canela antes de contar lo peor. La madre campesina de 34 años llegó a El Limón luego de ser desalojada por otro megaproyecto: Minera Panamá. Por eso, desde que empezaron los rumores, las reuniones, los talleres, las cuñas, la titulación masiva de tierras, las oficinas comunitarias, los estudios de campo y los censos socioeconómicos, como el que se negó a dar, a Alejandrina la invadió el miedo y la incertidumbre. Para ella el ciclo de desplazamiento está a punto de repetirse. Lo que ocurre hoy a orillas del Río Indio es un espejo de lo que ella vivió antes de ser desterrada de las montañas de Donoso.

—El día que se dejen meter un relacionista comunitario ya, hasta ahí —le dijo un día Alejandrina a Anastasio, su suegro, haciéndole entender que después de los rumores, llegaban los censos y la participación de los residentes del área antes de que se ejecute el último paso: el destierro.

Foto: Tova Katzman

Anastasio Hernández (c) de la Coordinadora Campesina, el grupo que forzó la derogación de la ley 44 y así impedir que el Río Indio forme parte de la cuenca hidrográfica de El Canal. | Foto: Tova Katzman

“En el evento que el Programa Hídrico determinara que se requiere evaluar otras opciones fuera de las áreas de responsabilidad del Canal, ya sea en Río Indio o cualquier otra localidad, se llevaría adelante un proceso de comunicación y participación oportuno con las comunidades y actores claves involucrados”, dijo El Canal, en respuesta a la consulta de si el embalse va o no, o en qué etapa se encuentra. Y añadió: “En el marco del Contrato ejecutado por la ACP para el Ministerio de la Presidencia y CONAGUA entre 2017-2020, se preparó un Plan de Acción de Reasentamiento y Restablecimiento de Medios de Vida, en concordancia con estándares internacionales, y se completó el establecimiento de una plataforma de participación”.

—Yo siento que hay una vida agradable en el área, pero esto de que lo saquen a uno a la fuerza, porque eso es a la fuerza —insiste Alejandrina—, y venir a otro lugar y también que lo saquen a la fuerza… 

Desde el patio de su casa, Alejandrina mira con espanto a un kilómetro el Cerro Tres Hermanas y lo imagina partido a la mitad. En esa loma verde de suelo arcilloso se proyecta la construcción de una represa para crear un reservorio de agua que mida unas 4,600 hectáreas, el tamaño de unas tres mil canchas de fútbol. Allí se almacenarían 1,500 millones de metros cúbicos de agua, que alcanzaría para llenar unas 400 mil piscinas olímpicas. Es factible, según los estudios de El Canal, que un túnel de unos nueve kilómetros atraviese una cadena de montañas para llevar agua del Río Indio al lago Gatún, el principal reservorio de agua de El Canal. En las profundidades de ese lago artificial —que ayuda a que 12 mil barcos crucen la vía cada año— reposan los restos de 24 pueblos. 

Los pobladores de El Limón de Chagres saben que el nivel del agua del reservorio multipropósito de Río Indio alcanzaría los 80 metros de altura, suficiente para sumergir un edificio de 25 pisos de la capital panameña. Por eso Alejandrina, que vive en una zona baja de El Limón de Chagres, rodeada de potreros, matorrales, cultivos de plantas medicinales, campos de arroz, otoe, yuca, culantro, plátano, limón y café, lamenta que ella y su familia, así como cientos de otras que viven en la cuenca del río Indio, no podrán quedarse.

—Llegó una señora a decirme, un día, que tenía que darle un censo socioeconómico —recuerda Alejandrina—. Es de todo lo que yo tengo, de mi familia, de lo que yo como, todas esas cosas.

Foto: Tova Katzman

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU (USACE) fue el primero en identificar el potencial del Río Indio en 1999. En noviembre de 2021 El Canal contrató a USACE por temas de agua. | Foto: Tova Kaztman

El fantasma del desplazamiento de campesinos y la inundación de sus tierras para crear grandes reservas de agua que calmen la sed de El Canal, reapareció en 2017. Un año antes, el país festejaba su ampliación y el gobierno contrataba a los administradores canaleros para que estudien la construcción de tres reservorios multipropósitos. La narrativa de hoy, sin embargo, no es la misma de 1999. En aquel entonces, el argumento principal era la demanda marítima: la expansión. Hoy, la destrucción de poblados como El Limón de Chagres está enmarcado dentro del Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 que promete “agua para todos”: la solución para la crisis hídrica, que podría poner en peligro el funcionamiento de El Canal, es la construcción del reservorio “para abastecimiento de las necesidades de agua de la ciudad de Panamá y locales”. Un proyecto interinstitucional con una inversión de 500 millones de dólares.

El plan de gobierno del presidente Laurentino Cortizo califica como “apremiante asegurar la disponibilidad de agua para el paso de buques por el Canal”. También menciona “el consumo de la población” y propone acelerar “los proyectos de interconexión con ríos en el Atlántico (Río Indio principalmente, en donde un embalse le daría suficiente agua al Canal y el consumo de la Región Metropolitana)”. Fiel a la nueva narrativa, el proyecto se mercadea como urgente para el consumo humano y las operaciones de El Canal. Aunque la vía abastece de agua al 55 por ciento de la población del país, cada barco que cruza El Canal utiliza el agua que usan 370 mil personas en un día. Al día, por El Canal pasan unas 35 naves. En un año, 12 mil buques.

 —Yo les dije a los que censan que yo no podía darles eso —dice Alejandrina, sobre los datos socioeconómicos que le pedían—. Ya de ahí en adelante me quedé pensando, bueno, pero esto cada día va más crítico, porque se está dando otra cosa casi igual que la mina, que nosotros no sabíamos si podíamos estar un largo tiempo allí o qué es lo que va a pasar.

Foto: Tova Katzman

Una lancha de madera a motor llega a El Limón de Chagres. | Foto: Tova Katzman

Antes de llegar a la casa donde hoy vive, Alejandrina vivió el destierro dos veces. Primero, cuando tenía seis años y su padre tuvo que abandonar su finca porque un empresario compró tierras adyacentes al proyecto minero Petaquilla. Después en 2009, cuando Minera Panamá la sacó del todo del área. Pero los rumores de reasentamiento en las montañas de Donoso corrían desde mucho antes, cuando Alejandrina tenía seis años. Recuerda que veía a sus hermanos hablando de una empresa japonesa que había entrado a explorar las tierras. Ponían puntos. Bajaban con helicópteros. Entraban a los lotes. Dejaban cables. Y después, como cuando cayó la pandemia en Río Indio, todo quedó en suspenso. Pero lo que vino entonces estaría lejos de la calma: la perforación de 5 mil hectáreas del corredor biológico de la región para construir la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

Alejandrina nació en Río Caimito, una comunidad campesina con acceso al Atlántico, unos 120 kilómetros al oeste de El Canal. Allí creció con sus padres y sus diez hermanos sembrando yuca, maíz, ñame, otoe, frijol, arroz y café para subsistir. Si la marea bajaba, salían en bote a pescar  o bañarse en la playa, y cuando no estaba en la finca o en el mar Alejandrina bajaba al río con una pala a buscar oro. Excavaba el fondo de la quebrada y echaba la tierra sobre una batea de madera, luego metía sus manos y lavaba la tierra hasta que en el fondo iban apareciendo unos pequeños granos de oro. A esa zona fértil, la especulación de tierras no tardó en llegar. Empezaron los rumores y la titulación masiva para vender las tierras a empresarios con estrechos vínculos políticos. Los campesinos se quejaban de que les quitaban sus tierras. Entonces la familia de Alejandrina se vio obligada a vender y abandonar el lugar. Hoy, el paisaje en Río Caimito es la desolación de un pueblo costero pobre, vecino de una de las diez minas más grandes del mundo por extracción:  206 mil toneladas de cobre y 85 mil onzas de oro.

—Había mucha vegetación primaria en esa área —lee Alejandrina de un cuaderno donde anotó datos importantes para la entrevista—. Vivíamos tranquilos hasta que un buen día fuimos visitados por un relacionista comunitario de la empresa, que nos avisó que la empresa necesitaba un diálogo con los campesinos.

Cuando tenía seis años, Alejandrina no sabía muy bien por qué pero se vio forzada a empacar lo que pudo y desplazarse con su familia a Río del Medio, una comunidad a unas cuatro horas de su natal Río Caimito. Luego se mudaría con su primer esposo más adentro en las montañas de Coclé. En aquel entonces tenía 18 años, dos hijos y empezaba una vida en un hábitat rico en especies. Vivían de la tierra, la minería artesanal y la pesca. Se bañaban, lavaban la ropa y paseaban en bote por aguas que recuerdan limpias. Pero en Río del Medio todo cambió con la llegada de la mina. Como el proyecto contemplaba varios tajos en las montañas de Coclé, Alejandrina y su familia eran una piedra en el camino y se vio forzada a abandonar lo que después se convertiría en “una ciudad de máquinas”.

Foto: Tova Katzman

La escuela multigrado de El Limón de Chagres. | Foto: Tova Katzman

Una  mañana de julio de 2007, Alejandrina asoleaba un poco de arroz cuando un helicóptero minero aterrizó en el patio de su casa. La mina llegaba a barrer con todo para instalar su imperio del cobre. Del helicóptero se bajó gente de la mina que le propuso una solución en coro: la reposición en condiciones “iguales” o “mejores”. Que tendrán la misma vida o incluso mejor. Pero largo de aquí. Que en el extranjero ya pasan estas cosas. Que no es nuevo. Que hay gente que abandona el lugar donde nació y creció toda su vida en nombre del progreso. Que Río del Medio es una zona clave para la empresa. Que dale, lo vamos a dejar a su conciencia: elijan a dónde irse. Que por qué protestan. Que sabemos todo lo que vale tu casa y la partiremos en dos: este pedazo para acá será para comprar un terreno en otro lado y este otro pedazo te lo vamos a dar en dinero. Que aquí está el analista de bancos para que sepas dónde te vamos a depositar el dinero. 

Hasta 2018, Minera Panamá realizó tres proyectos de reasentamiento que involucran a dos comunidades indígenas en Petaquilla y Chicheme, que comprenden 86 hogares, además de 46 familias campesinas. “Para todas menos nueve de las 46 familias campesinas —señala la empresa minera en un documento— el plan de reasentamiento proporcionó compensación por la tierra reclamada bajo derechos posesorios”. Y concluye: “Para las nueve familias, se preveía compensación por tierras, viviendas y cosechas”.

—Eso fue lo que ellos hicieron, pero al final nosotros le compramos a mi hermana un pedazo de terreno que ya hoy no se puede trabajar porque el río está contaminado —dice Alejandrina. 

A pesar de las buenas intenciones que haya podido tener la mina, el desplazamiento forzoso de Alejandrina ocasionó su empobrecimiento.

Todas las familias de Río del Medio se fueron a vivir lejos. Alejandrina fue reubicada en el poblado El Copé, a unos 50 kilómetros de su anterior hogar. Sin terreno, más pobres que antes y sin poder conseguir un buen trabajo, entendió su desalojo como un fracaso. El conflicto entre campesinos y la empresa minera se diluía. Y su hogar terminó por desintegrarse. Para Alejandrina, la minería no solo la desterró, sino que también le arrebató a su familia.

Foto: Tova Katzman

Poco a poco, se ha ido pavimentando un camino que llega hasta El Limón de Chagres, muy cerca de donde se estudia construir la represa para el reservorio multipropósito de Río Indio. | Foto: Tova Katzman

“En 2009, el proyecto, antes conocido como Proyecto Petaquilla, pasó a llamarse Mina de Cobre Panamá o Cobre Panamá”, dice la compañía. Ese mismo año, el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) demandó por inconstitucional el contrato de concesión ante la Corte por no haber realizado la licitación pública obligada por ley, además de los daños ambientales. Diez años después, la Corte le dio la razón y declaró inconstitucional el contrato que permite la explotación minera en las montañas de Coclé. Pero por aquello de la seguridad jurídica para los inversionistas, el objetivo permanece intacto: extraer minerales.

En siete años, la minera registró 209 incumplimientos, según el Ministerio de Ambiente. Pero muchas veces responde lo mismo: lo advertimos en el estudio de impacto ambiental que aprobó el gobierno. Uno de los impactos calculados por la compañía minera, de hecho, habla del río a orilla de la casa de Alejandrina: “Las especies de agua dulce también se ven afectadas por la pérdida de hábitat, principalmente en la cuenca del Río del Medio”. Hoy Río del Medio ya no es solo una zona “céntrica” de la mina. Allí se construyeron las tinas de relave, un punto clave en el proceso para obtener el cobre que se exportará más tarde sobre todo a China. Donde hubo montañas verdes, hierve la desolación de varias sustancias tóxicas para el ambiente. Ahora, la gente de la mina analiza abrir justo en esta área uno de los tres nuevos tajos de cobre para expandir su operación en Panamá de 40 a 70 años. Y seguramente usará más agua: el consumo de agua por minería en tres días, equivale al de la población panameña en un año.

***

Son las cuatro de la tarde del 15 de enero de 2022. El sol es un fuego que se apaga y Alejandrina prepara con emoción a sus hijos vistiéndolos de blanco para su bautizo. Están sentados en el portal de la iglesia del pueblo junto a otras familias que aprovechan este día porque celebran la fiesta patronal del Cristo de Esquipulas, una imagen venerada en la provincia de Coclé desde donde migraron varios campesinos que poblaron El Limón de Chagres. Pero como la pandemia evaporó las celebraciones, solo sonará algo de pirotecnia y llegará un cura para bautizar a los niños.

—Estamos aquí, ahora, que no sabemos si el Canal va a entrar con su proyecto —lamenta Alejandrina—. Pero para dónde nos vamos a ir. Hay personas que no tenemos gran cantidad de cosas. Y salir del campo, donde uno puede sembrar una yuca, un plátano, un maíz o lo que sea, e irse a la ciudad… Qué vamos a hacer.

Foto: Tova Katzman

Foto: Tova Katzman

El deterioro ambiental y los efectos adversos del cambio climático como el fenómeno del Niño 6, aumentaron la presión sobre El Canal, según los estudios que contemplan la inundación de comunidades en Río Indio. Esta situación provocó la disminución de su volumen de agua en los últimos años. En Panamá, el quinto país con más lluvias en el mundo, El Canal está en peligro porque no hay agua. Y para salvarlo, decenas de poblados quedarán bajo el agua. Pero no será la primera vez. 

Muchos pueblos fueron tomados para abrir el puente del mundo. Ocurrió con el pueblo de Gatún, donde se construyó el lago artificial que bombea agua a la vía. También con Bohío, donde quedaban las oficinas del canal francés. Con Caimito y con Mamey, donde había dos estaciones de ferrocarril. Y con el pueblo de Gorgona, citado como un área de vida comercial y próspera.

La tarde del 15 de enero avanzó en El Limón de Chagres. La iglesia del pueblo está repleta de campesinos que ahora entonan canciones mientras esperan que el cura empiece el oficio. El fantasma de la inundación de sus tierras está más presente que nunca porque el cura mencionó la construcción del reservorio multipropósito en una ceremonia previa a esta. La luz se filtra por las ventanas en forma de cruz y, parado desde el púlpito, al lado de las andas del Cristo de Esquipulas, el padre pide que los niños sean librados del pecado original. Hay gente que seca el sudor de su rostro para acomodarse la mascarilla, otros recién se unen al rito, pero todos oyen con atención al cura a pesar de la pirotecnia que explota afuera. El sacerdote se acerca a Alejandrina para ungir el pecho de sus niños, un rito común antes de recibir el agua derramada sobre sus cabezas. El agua —insiste el cura— es el símbolo de la resurrección a una vida nueva.

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About the author

Daniel Molina

Edita la web del periódico La Estrella de Panamá y es miembro de Concolón. Ha sido premiado en tres ocasiones por su trabajo como periodista. También participó del especial ‘Duelo. Memorias de una Invasión’, Gran Premio Nacional de Periodismo 2019. Para esta historia, Daniel y Tova fueron a El Limón de Chagres y conocieron de primera mano la incertidumbre que rodea a Alejandrina. Esta publicación es una alianza entre Concolón y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Daniel Molina
Daniel Molina
Edita la web del periódico La Estrella de Panamá y es miembro de Concolón. Ha sido premiado en tres ocasiones por su trabajo como periodista. También participó del especial ‘Duelo. Memorias de una Invasión’, Gran Premio Nacional de Periodismo 2019. Para esta historia, Daniel y Tova fueron a El Limón de Chagres y conocieron de primera mano la incertidumbre que rodea a Alejandrina. Esta publicación es una alianza entre Concolón y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).