Pineapple Country: los agroquímicos que contaminan en Panamá

El país permite el uso de plaguicidas prohibidos hasta en 115 países y que en localidades como La Chorrera provocan efectos en las personas y los recursos como el agua. Falta de controles, denuncias que no prosperan y una empresa que opera sin estudio de impacto ambiental actualizado son algunas de las alarmas que encienden en las comunidades. ¿Quiénes están detrás del millonario negocio?

Parada en el portal de su casa, Isadora Rojas señala una colina que sube pocos metros más arriba, erizada por coronas de piñas y franqueada por un cartel que indica “No pase”. Son las plantaciones de la empresa Colorada Fresh Pineapples.  

—Está bien cerca de mi casa y cuando fumigan, eso, ahí… aunque cerramos las puertas igual se mete el olor.

Es una tarde nubosa de 2021 y, a inicios de la pendiente, sobre la calle La Esperanza del distrito La Chorrera, Isadora  —jeans y camisa de mangas largas a cuadros— cuenta cómo es cuando fumigan sobre esa plantación de más de 40 hectáreas rodeada de viviendas como la de ella: un olor insoportable que traspasa las paredes y las puertas y llega al corazón del chalet en el que vive junto a sus tres hijos, Cristián, Miguel y Alexis.  

La familia reside en el área agrícola de este distrito que reúne a las plantaciones de la provincia que más piña produce en el país: Panamá Oeste, donde hace 50 años aterrizó el cultivo de esta fruta para extenderse hasta hoy. Allí, como en el resto del territorio, el Gobierno de Panamá ha permitido el uso de químicos perjudiciales para la salud y prohibidos hasta en 32 países, exponiendo a la contaminación a los vecinos y a los recursos de agua. Pero Panamá no solo importa y esparce estos químicos en sus campos, también los produce y los exporta a otros países, participando de un multimillonario y cuestionable mercado global.  

—A mí mamá le daba alergia, a mí, a mi papá de 84 años —dice Isadora, la voz mezclada con el alarido de los gansos—. Yo tengo un hijo discapacitado al que le está afectando su salud.  

La familia es una de diez afectadas en la calleja —de apenas dos tiras de asfalto, con una franja de tierra y pedregones en medio— que termina en la entrada principal de Colorada Fresh Pineapples, la empresa nacional que arrancó operaciones en el 2018. Aquí se cultivan piñas para ser exportadas a Europa y Medio Oriente, zonas con varios países que han prohibido agroquímicos con los que rocían las piñas que compran.  

Para los Rojas no hay escapatoria: viven en un bajo, entre una colina y otra. El químico penetra hasta la habitación donde Cristián, de 23 años, yace acostado contra una pared con dibujos infantiles. Una discapacidad no le permite moverse. Isadora lo ha llevado a la ciudad de Panamá, a más de 66 kilómetros, para que le revisen los pulmones, que no funcionan bien. También denunció que la exposición a agroquímicos agrava el cuadro de su hijo.  

Colorada Fresh Pineapples es una empresa que en tan solo cuatro años se posicionó como un exportador importante en La Chorrera, con aproximadamente 6000 kilos de piña a la semana. En un brochure empresarial se promociona como Pineapple Country, para mercadear la zona de producción piñera y atraer inversionistas a través de Internet.

La Chorrera es uno de los centros urbanos principales en la provincia que concentra cerca del 80 por ciento de la producción piñera en el país. El cultivo llegó allí en 1990, con la finca Verba Odrec. En La Colorada, la zona donde vive Isadora, en 2010 comenzó operaciones Piñas del Oeste, seguida por Ananas Panamá en el 2012. Cinco años después, en el 2017, Colorada Fresh Pineapples compró la plantación de Piñas del Oeste y en el 2018 comenzó a cultivar una finca de 38.2 hectáreas.  

Ananas Panamá y Colorada Fresh Pineapples han sido querelladas por los Rojas y otra familia vecina, con el apoyo de una oenegé ambientalista, por su impacto negativo en el ambiente, las fuentes de agua y la salud humana ante diversas instancias de gobierno local de La Chorrera: Ministerio Público, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y ante el sistema de justicia comunitaria. Más allá de un proceso abierto por MiAmbiente a Colorada Fresh Pineapples, ninguna de las otras causas prosperó.  

—Si los que están a cargo y que se supone que nos tienen que cuidar no lo hacen —plantea Isadora—, cómo vamos a hacer.

El hijo de Isadora Rojas, Cristián, padece de distrofia muscular de Duchenne, un trastorno hereditario que afecta en su mayoría a los varones. Foto: Tova Katzaman | Centro de Periodismo Investigativo

El Mida documentó en 2018 el uso de agroquímicos prohibidos en varios países por parte de Ananas Panamá. Sus vecinos, Colorada Fresh Pineapple, exportan 6 mil kilogramos a la semana sin siquiera contar con un estudio de impacto ambiental actualizado y cónsono con la maginitud de su operación. 

De los cerros a los mercados europeos

Plantación adentro, en pueblos y localidades y hasta en el centro urbano de La Chorrera, circulan pick ups atiborrados de piñas. En 2021 el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) registró un incremento en la producción: 667 quintales (66700 kilogramos) más que en el 2020.  

Colorada Fresh Pineapples cultiva la variedad MD2 Golden, introducida por la multinacional Del Monte en los noventa. Reconocida por su sabor dulce, baja acidez y por su alto contenido de vitamina C, es parte del 75 por ciento de la producción piñera de exportación. Sus principales clientes están en Europa, en Holanda e Italia, y en el Oriente Medio.   En un video promocional, el CEO de Colorada Fresh Pineapple, un abogado tejano con experiencia trabajando en plataformas petroleras llamado James Gooden, se ufana de los 30,000 brotes que cultivan por semana en el corazón de una comunidad dedicada a la agricultura comercial desde hace pocos años.  

La demanda de la MD2 en el mercado internacional es uno de los factores que ha incidido en la extensión de siembra de piña y en la incorporación de procedimientos que facilitan la labor agrícola, como la siembra a favor de la pendiente, una práctica que propicia la erosión de los suelos. Desde el 2019 y contra lo dispuesto por una resolución del Mida que establece una distancia de 75 metros de zonas pobladas para fumigaciones con plaguicidas, la empresa ha extendido el área de cultivo, acercándose cada vez más a los límites de la propiedad de los vecinos de La Colorada, como los Rojas.   

Desde el 2018 la finca de Moisés Montero y su esposa Neila está embargada. Ahora conduce para Uber. Foto: Tova Katzaman | Centro de Periodismo Investigativo

Un informe de MiAmbiente indicó que la acción erosiva desencadena por las labores de siembra ha afectado las quebradas y pozos de agua, de acuerdo con una inspección realizada a principios de 2021. En mayo del mismo año, la directora de la provincia Panamá Oeste de ese Ministerio, Marisol Ayola, ordenó el inicio de un proceso administrativo en contra de Inversiones JPW S.A., sociedad que administra la plantación de Colorada Fresh Pineapples, por “inicio de actividades sin Estudio de Impacto Ambiental y afectación de fuente hídrica, con una represa sin los permisos correspondientes”.

En octubre las autoridades ambientales decretaron el cese de las actividades agrícolas allí, otorgándoles un permiso de cinco días para terminar la cosecha. Pero los vecinos aseguran que las faenas continuaron más allá de este plazo.  De acuerdo con documentos oficiales, los directivos de Inversiones JPW S.A. tampoco acataron la instrucción del MiAmbiente de eliminar la represa con la que almacenan agua en un pequeño lago artificial creado entre los cultivos como reserva durante la estación seca. 

En el cauce, los inspectores reportaron el “arrastre de sedimentos y lixiviados, que llegan a la quebrada” desde las pendientes que son utilizadas para los cultivos. Un lixiviado es un líquido residual, generalmente tóxico. 

La empresa niega estos hallazgos: «En inspección realizada por una serie de funcionarios de MiAmbiente el pasado día 20 de septiembre del presente año, se pudo determinar que la quebrada que cruza por la finca La Colorada, no mantiene afectaciones lodosas producto de los movimientos de tierra que se están dando dentro de la propiedad y que estas afectaciones son el producto de los surcos de agua que se generan por el delive del camino de acceso que pasa enfrente de la propiedad del señor denunciante, cosa esta que se pudo acreditar en imágenes que ya están incluidas en el expediente», respondió Inversiones JPW S.A. a Concolón. 

La quebrada en cuestión es un afluente del río Los Tinajones, que a su vez se une con Los Hules antes de desembocar en el lago Gatún, que alimenta al Canal y a ocho potabilizadoras que abastecen a un 55 por ciento de la población. Estos ríos conforman subcuencas que son parte de la Cuenca Hidrográfica del Canal y que, de acuerdo con un estudio de 2004, se encuentra contaminada.  

Para esta investigación, se envió un cuestionario a MiAmbiente para conocer cuál es la situación de la empresa con respecto al estudio de impacto ambiental requerido por la Ley 41 de 1998, pero no se obtuvo respuesta. Además, se buscó en el registro de MiAmbiente, más no se pudo encontrar ningún estudio de impacto ambiental para la empresa Inversiones JPW Panamá. Al intentar contactar a Gooden a través de su celular, se recibió un chat donde se explicaba que se encontraba de viaje.

Pero los descargos de la empresa ante la dirección regional de MiAmbiente ofrecen otra versión: «La finca ‘La Colorada’, propiedad de la empresa Inversiones JPW, S.A., es un globo de terreno que hace dos años atrás funcionaba como la popular empresa de siembra de piña denominada ‘Piñas del Oeste’, al momento de ser adquirida bajo compra por Inversiones JPW, S.A., este terreno contaba con todos sus permisos para el buen funcionamiento de la actividad agrícola en el lugar, por lo cual se siguió laborando de manera continua ya que sólo se realizó el cambio de razón social más no la actividad de siembra y cultivos del mismo rubro (piña)».

Foto suministrada por Alianza para la Conservación y el Desarrollo

Río abajo, en La Colorada, a Moisés Montero, un exavicultor que ahora conduce Uber, un día se le murieron sesenta gallinas. Lo atribuye a los efectos del uso de agroquímicos en la plantación de Ananas Panamá, S.A., vinculada a la familia Pataro, uno de los nombres de mayor prestigio en el negocio de la joyería local.   De acuerdo con un listado proporcionado por el Mida en el 2018, en esta operación piñera se empleaban sustancias como diazinón, insecticida prohibido en 32 países y potencialmente cancerígeno. También se identificó diuron, un herbicida altamente peligroso, y glifosato, con potencial cancerígeno y uno de los cuatro herbicidas más utilizados en Panamá, a pesar de que en la vecina Colombia se suspendieron los rociados aéreos con este químico en el 2015.  

A la lista se suma el uso de clorpirifós, un insecticida de uso restringido y tóxico para las abejas; carbendazim, un fungicida mutagénico y prohibido en 29 países; el insecticida oxamilo, de toxicidad aguda, entre otros. Estas sustancias son ingredientes de productos registrados en el Listado de Insumos Fitosanitarios Registrados de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV) del Mida, actualizado en abril del 2020.

Moisés Montero denuncia desde el 2016 en distintas instancias las afectaciones de salud relacionados con el uso de agroquímicos. La casa de los Montero queda entre las plantaciones de las dos empresas, Ananas Panamá y Colorada Fresh Pineapples. Eso parece tener consecuencias: alergia, dolor en las glándulas y en los oídos, irritación en los ojos, vómitos, picazón, desmayos, problemas respiratorios, entre otros. El centro de salud más cercano a La Colorada —donde viven Moisés y los Rojas— está a 45 minutos.  

—A mi hija le empezó a dar alergia, vómitos, se le inflamaban los párpados… Tenía cuatro años —dice Moisés—. En el Hospital del Niño una alergóloga le hacía exámenes. No le salía que era alérgica a nada, me decían que eso iba en el ambiente.  

En los descargos enviados a Concolón, la compañía cuenta otra historia: «Hasta la fecha presente se ha respetado la distancia prometida, aún en perjuicio económico para Inversiones JPW, S.A., ya que ha dejado una franja de terreno en aérea verde de aproximadamente 200 metros entre los terrenos de nuestra representación legal y la residencia del denunciante, cosa esta que fue corroborada en inspección realizada por funcionarios del Ministerio de Ambiente, el día 20 de septiembre del presente año». 

El problema de la contaminación por agroquímicos y su efecto en la salud es viejo. Un estudio publicado en 2009 por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud, la institución científica más antigua y prestigiosa de Panamá, identificó que el distrito de La Chorrera reunía a ocho de los 16 corregimientos con la tasa de incidencia de cáncer más elevada a nivel nacional. Uno de los factores identificados es “la utilización de la zona como área de uso intensivo para el cultivo (especialmente las piñas), en época reciente”.  

Entre los químicos mencionados por su potencial cancerígeno están el herbicida diuron y el fungicida mancozeb. De ambos hay evidencia de su uso en los últimos años en la zona de producción de La Colorada. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Cáncer, en 2018 se registraron 440 defunciones por tumores malignos en Panamá Oeste, la cifra más alta en siete años.  

Campechano, afable pero firme, Moisés lleva años retando a las dos empresas vecinas a su casa. A Ananas la demandó en los tribunales de La Chorrera por contaminación de aire y suelo por el uso de plaguicidas, pero la causa fue suspendida sin que se lograran comprobar los cargos contra la empresa.  

En el 2018 Ananas demandó a Moisés y su pareja por 20,000 dólares por “daños morales y perjuicios”. El juzgado donde estaba radicada la denuncia ordenó el embargo de la casa de los Monteros: el secuestro a su propiedad y bienes, que todavía se mantiene. En cuanto a Colorada Fresh Pineapples, Moisés graba las fumigaciones: los químicos que escupen sobre la plantación llegan hasta su casa. “Ellos están cometiendo varios delitos ambientales, en abierta impunidad”, expuso la abogada Susana Serracín, de la Alianza por la Conservación y el Desarrollo, quien presentó una denuncia penal contra la empresa el año pasado por “impacto negativo en el ambiente, las fuentes de agua y la salud humana”.  

Los vecinos Aquilino Lorenzo y su esposa Fidelina Alonso, extrema izquierda, han denunciado afectaciones de salud en su familia. Foto: Tova Katzaman | Centro de Periodismo Investigativo

El 22 de septiembre el Mida respondió a una solicitud de información enviada días antes por Moisés, donde pedía la ficha técnica de los agroquímicos utilizados por Inversiones JPW S.A. La entidad afirmó no contar con estos registros.   Para esta investigación se le envío un cuestionario al Mida, para identificar los pesticidas regulados que se utilizan en la plantación de Colorada Fresh Pineapples, preguntando además si su uso no estaba prohibido en las cercanías de viviendas y pozos de agua, y si se estaban realizando los análisis de residuos tóxicos contemplados por la ley 47 de 1996. En respuesta, la DNSV se limitó a responder que los productores están obligados a llevar un registro de los insumos agrícolas utilizados, incluyendo los agroquímicos.  

Efectivamente, Inversiones JPW S.A. cuenta con un listado de los productos fitosanitarios utilizados en su finca y al que esta investigación tuvo acceso. Aunque en el mismo se encuentran insecticidas y fungicidas de origen biológico, también aparecen por los menos 10 productos que presentan diferentes niveles de toxicidad.  

Ríos asfixiados

Documentos de la empresa revelan, además, el uso de fertilizantes que contienen potasio, nitrógeno y fosfato. También fungicidas, herbicidas y hormonas de crecimiento.  

El nitrógeno y el fosfato son dos sustancias que aceleran el crecimiento excesivo de las algas, lo que conlleva a una carencia del oxígeno disponible para el resto de las especies acuáticas. En 2001, un funcionario de la entonces Autoridad Nacional del Ambiente llamado Carmelo Martino, advirtió sobre la “gran cantidad de agroquímicos” empleados en los cultivos piñeros, subrayando la necesidad de resguardar las fuentes hídricas y la salud de los niños. Al año siguiente, un diagnóstico de las subcuencas de los ríos Los Hules, Tinajones y Caño Quebrado recomendó lo mismo: reducir el uso de plaguicidas. Alertó, además, sobre problemas para la vida acuática debido a los niveles de oxígeno presentes en las aguas de los dos primeros ríos.

Es un pronóstico que parece cumplirse hoy. En el punto donde los ríos Los Hules y Tinajones se unen, los vecinos dicen que el agua se pone de un color oscuro, un síntoma de la falta de oxígeno.  

Los vínculos corporativos tras una plantación  

¿Quiénes están detrás del uso de plaguicidas que impactan en los recursos naturales y la salud de las personas de Panamá? Colorada Fresh Pineapples está rodeada de un entramado de empresas que comienza en Panamá y pasan por Guatemala, para terminar nuevamente en Panamá.  

El principal oficial ejecutivo, Gooden, aparece en el sitio Opencorporates vinculado a por lo menos siete sociedades establecidas en el país, entre ellas Inversiones JPW S.A. y Estoril Panama Corp. Esta última maneja el negocio de inversionistas norteamericanos, europeos y de otras partes del mundo, que tienen títulos de propiedad en los terrenos de cultivo en la comunidad de La Colorada. En un video publicitario, un inversionista extranjero se presenta como un entusiasta poseedor de tierras en Panamá.   

El 14 de septiembre de 2021 Inversiones JPW S.A. y Estoril Panama Corp. designaron como apoderado general a Donald Jerome Ewert, quien, según su perfil público, posee experiencia como agente de bienes raíces en California y con proyectos de desarrollo de tierras en Colombia y Costa Rica.

Entre los poderes otorgados a Ewert por las juntas de accionistas de las dos sociedades están adquirir bienes, firmar contratos y endosar o transferir acciones emitidas por la empresa guatemalteca Oxec. Conformada en 2011, Oxec es propietaria de un proyecto hidroeléctrico cuya construcción suscitó un conflicto ambiental con las comunidades indígenas afectadas.  

Pero aquí no sólo se fumiga con plaguicidas cuestionados, también se fabrican.  Algunos de los agroquímicos empleados en las plantaciones en La Chorrera están registrados por Rainbow Agrosciences, una compañía creada en el 2012 y establecida en el Área Económica Especial Panamá Pacífico que formula y exporta agroquímicos peligrosos para el ambiente y la salud humana. Uno de ellos es fipronil: prohibido en 37 países.  

El presidente de Rainbow Agrosciences era Vernon Emmanuel Salazar Zurita, investigado en Panamá en 2018 por malversación de fondos públicos en un proyecto deportivo que nunca se concretó. Cuando renunció a la empresa en julio de 2021, fue reemplazado por Katia Jannette Smith Chavez, vinculada al escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia.

Para esta investigación, se envió un correo electrónico a Rainbow Agrosciences  para conocer más sobre su oferta de agroquímicos y a qué tipo de fiscalización están sujetos por parte de las autoridades locales. Al cierre de la edición, no se recibió respuesta.  

Fallos de los fiscalizadores, ganancia para algunos  

Los expertos consultados enfatizaron la necesidad de que se realicen monitoreos de agua y suelo para determinar los potenciales efectos de la contaminación por agroquímicos. Si bien el Mida afirma que cuenta con el “personal idóneo y capacitado para ello», no se ha hecho de forma sostenida a través de los distintos gobiernos. Entre las competencias de la DNSV, está supervisar el uso de plaguicidas y fertilizantes, y a los laboratorios que practican análisis de residuos tóxicos. Es una responsabilidad compartida con el Ministerio de Salud (Minsa) que, por medio de la Dirección General de Salud Pública, tiene la potestad de autorizar la importación de sustancias potencialmente peligrosas. De acuerdo con la DNSV, actualmente 73 plaguicidas están prohibidos en Panamá y 18 están autorizados para usos restringidos.

En el 2020, un estudio de la Universidad de Panamá contabilizó 64 plaguicidas registrados a nivel local y cuyo uso no estaba autorizado en otros países.   “En general, la legislación existente muchas veces se encuentra dispersa en diferentes entes reguladores y puede incluso contener contradicciones y superposiciones de jurisdicción y funciones”, evidencia un análisis elaborado por el Minsa en 2005. Las limitaciones de presupuesto y personal condenan a estas tareas a un “cumplimiento muy débil”.  

Algo similar sucede con lo dispuesto por el artículo quinto del decreto 305: “Todas las sustancias prohibidas o severamente restringidas en por lo menos cuatro Estados [países], lo serán también en el país”. Y, sin embargo, la lista de insumos fitosanitarios del Mida incluye plaguicidas que están prohibidos hasta en 115 países, como el endosulfán, registrado a nivel local por una empresa de Costa Rica. Esto abre la puerta a un ingreso y comercialización sin restricciones.  

Panamá participa de un mercado global de agroquímicos valorado en 4.800 millones de dólares, según un reporte de BBC. Lo hace en parte para impulsar y consolidar otro producto como parte de la marca país, confiando en que las piñas puedan seguir la estela exitosa del banano y del café. Es un modelo que permite la expansión de la contaminación por los campos donde familias como los Rosas y los Montero van perdiendo la salud.

Esta investigación fue posible en parte con el apoyo de Para la Naturaleza, Open Society Foundations y la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL). El reportaje completo puede leerse aquí.  

About the author

Errol Caballero

Periodista panameño y parte del colectivo Concolón, Errol ha sido editor de la revista Portada y colaborado con medios locales e internacionales como la NBC, La Estrella, Soho y Mundo Social. Para la Revista Concolón investigó y escribió el especial "Patacón", publicado en alianza con Connectas. Por su trabajo periodístico Errol ha sido premiado en cinco ocasiones. Además, es poeta: en 1998 publicó el poemario "El vértigo azul", al que le seguiría "Las ínsulas del odio" (2002). En medio de esta doble crisis pandémica y económica del Covid-19 se reencontró con la escritura.