El bote Santa Filomena, de Panamá a Colombia con cigarrillos chinos en agosto de 2020. | Crédito: DIAN
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Tres mitos sobre la Caja de Seguro Social
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Vejez contra reloj: pensiones con fecha de extinción

Un informe de la Caja de Seguridad Social (CSS) revela que los fondos de jubilación se agotarían en cinco años. Panamá desde el 2005 dividió el sistema de pensiones en dos subsistemas: definido (o de reparto), que siempre ha existido, y el mixto (que incorpora cuentas individuales). El hueco financiero lo tendrá el primero. En los informes financieros de la CSS no hay claridad sobre los réditos totales que ingresan a cada uno de los dos subsistemas

Son las 11 de la mañana del martes 13 de octubre en plena pandemia y en El Chorrillo, un barrio en el centro de la ciudad de Panamá que subsiste en los márgenes, nadie parece preocuparse por el virus que azota al país desde marzo del 2020. Sobre la calle principal hay una fila para entrar al supermercado, dos policías conversan en una esquina y un reguetón a todo dar envuelve el ambiente. Algunas personas miran desde los balcones de edificios que parecen a punto de caerse. En un apartamento diminuto de la calle 21, Mary Villavicencio campea la situación en la soledad de la pobreza.

Mary es una mujer de 82 años, de tez blanca, afrodescendiente, que llegó a Panamá desde Ecuador, hace cuarenta años con tres hijas y un esposo, y dedicó la vida al cuidado del hogar propio y uno ajeno, como empleada doméstica. Es jubilada y, aunque ya no recuerda exactamente cuándo fue que dejó de trabajar, aseguró que su jubilación inicial era de 175 dólares mensuales. Eso no cambió tanto: ahora recibe 300. Ella es parte de los 61,788 jubilados que ganan menos de lo que cuesta una canasta básica (305.93 dólares), según la última data disponible (2019). Así que tras al menos dos décadas de aportes, a Mary apenas le alcanza para la comida y los medicamentos para la arritmia. 

—Aunque mis hijos siempre me ayudan, yo prefiero no molestar, vivir sola y evitar hacer gastos que no sean para la comida—dice.

Panamá, el país del Canal, de las empresas offshore y los bancos, entre las economías de más rápido crecimiento a nivel global, según el Banco Mundial no logra pagar lo suficiente a sus jubilados para cubrir alimentación, vivienda y servicios de salud. 

Ciudad de Panamá. / Foto: Robert Barrios

Foto: Robert Barrios

La propia Caja de Seguro Social (CSS) en un comunicado que cita al director de la entidad, Enrique Lau Cortés, reconoce que en el país hay cerca de 16 mil pensionados que reciben menos de 200 dólares al mes. 

El sistema de jubilaciones es público y lo administra desde hace 80 años la Caja de Seguro Social (CSS), la institución encargada de ofrecer servicios de salud y las pensiones tanto del sistema solidario antiguo, como del “nuevo” o mixto que incorporó el ahorro individual. Y es que Panamá se convirtió en uno de los pocos países de la región que incorporó el ahorro individual sin entregar el dominio de las pensiones a manos privadas. 

El sistema “nuevo” o mixto tiene dos componentes: el de beneficio definido y el de ahorro individual, a los que los trabajadores aportan según el nivel de su sueldo. Hasta 500 balboas o dólares mensuales las personas cotizan al primer componente. Mientras que los ingresos que excedan los 500 dólares se aplican al componente ahorro personal. En otras palabras, en el caso de un trabajador con un salario mensual de 600 dólares, el ahorro personal para calcular su pensión sería sobre la base de 100 dólares. 

En cinco años, la Caja de Seguro Social podría quedarse sin fondos para pagar las pensiones, según un informe oficial publicado el 8 de octubre de 2020, que dice: “Las reservas del SEBD (sistema exclusivamente de beneficio definido) y el fideicomiso a favor del IVM (programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS) se agotarían entre el 2026 y 2027, si no se hace nada”. 

El escenario es peor cuando se analizan los efectos de la pandemia de la Covid-19 en las recaudaciones de las cuotas. “La fecha de fin de las reservas se adelanta a 2025”, precisa el documento elaborado por la Junta Actuarial, entidad adscrita a la CSS pero autónoma a la vez.

Lau Cortés puso en blanco y negro el déficit financiero de la entidad en los últimos tres años. En el 2018 fue de 48 millones de dólares, en el 2019 subió a 249.9 millones y, de acuerdo a las cifras preliminares de 2020 el hueco financiero alcanza los 504 millones de dólares. 

El director de la CSS explicó que para hacerle frente al déficit han tenido que tomar dinero de las reservas de la entidad. Lo dijo en conferencia de prensa el pasado 28 de mayo, luego de su participación en la mesa del diálogo convocada por el Gobierno central para buscarle una solución al problema financiero del sistema de pensiones.

La desigualdad que parte el sistema mixto

En 2005 decidieron partir el modelo en dos, con lógicas y dinámicas separadas. Por medio de la ley 51, al sistema solidario le agregaron uno más llamado mixto, de capitalización, con cuentas individuales, que reúne los aportes de los “trabajadores por cuenta ajena” desde el 2007 y los trabajadores de la economía formal menores de 35 años al 2006, y que haya decidido cambiarse del solidario al nuevo modelo.  Los fondos de uno no pueden usarse para el otro y ambos están bajo una sola administración: la estatal CSS. “Fue un punto medio entre la privatización y el sistema solidario”, dice César Tribaldos, integrante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Al día de hoy más de 5 mil millones de dólares de afiliados al nuevo sistema mixto están invertidos en bonos, títulos de valores, notas del Tesoro, plazos fijos y préstamos hipotecarios. Eso dejó las arcas del antiguo sistema solidario en riesgo: sus aportantes son cada vez menos, llegó la generación que no tiene apoyo de trabajadores activos porque el grosso va al mixto. Los jubilados, entonces, no tienen trabajadores activos que financien sus pensiones. Son 287 mil jubilados, entre ellos, Mary Villavicencio.

Foto: Robert Barrios

—Es difícil, uno no puede gastar y tampoco quiere ni salir con esto del virus, pero algo hay que comer, por eso lo que cobro cada 15 días lo uso para la compra de la comida —dice por teléfono un viernes de octubre por la mañana con voz de resignación.

A Mary le preocupaba que los casos de Covid-19 no paraban de aumentar en Panamá: pasaron de 10,000 casos en mayo y cerró el año con  242,744 personas que habían sido contagiadas por el virus. Hoy suman más de 380 mil. Ni bien se conoció oficialmente el primer caso en el país, Mary se encerró en su apartamento diminuto —una recámara, una salita, la cocina, el baño—, una nieta de 7 años se mudó con ella y otra, de 23, aparece seguido para ayudarla. En medio del encierro estuvo dos semanas sin levantarse de su cama por la agitación que sentía.

—A mis problemas cardíacos, se suman la diabetes y con frecuencia me agito hasta el punto que no me puedo levantar de la cama, es que soy un poco gorda— dice. 

Mary toma medicamentos para la arritmia cardiaca. Fármacos que, en ocasiones a principio de la pandemia, no tomaba porque el Seguro no se los proporcionaba y tenía que comprarlos y, por supuesto, su jubilación de 300 dólares mensuales no le alcanza para tanto. Ahora, le hacen falta el medicamento de la presión y la catarata que, en las últimas semanas, el Seguro Social no se los proporciona.

La historia de Mary no es muy distinta a la de sus vecinas: se enamoró de un hombre en su natal Ecuador con el que tuvo seis hijos, de los cuales dos nacieron en Panamá. Aquí se divorció, trabajó antes y después de eso fregando ropa sin parar, y enviudó. Cuando apareció la arritmia, la controlaba el cardiólogo de la CSS, donde también buscaba los medicamentos. Ahora no: hace casi un año que no ve al cardiólogo porque no están dando citas y una de sus hijas le ha sacado una cita en un hospital privado. En medio de todo eso, llegó una nueva crisis anunciada por la propia institución.

“Profunda crisis en el sistema de pensiones”, tituló el periódico La Prensa el domingo 11 de octubre. “Ingresos de cuatro programas de la CSS han caído”, eligió el periódico La Estrella para la noticia del 20 de octubre. Las noticias pusieron el foco en la caída de ingresos y el exceso de gastos: el déficit.

En 2005, cuando partieron el sistema, las cifras de la CSS reflejaban eso: un déficit de más de 2.500 millones de dólares que arrastraba del 2003 y que se hizo notorio desde el año siguiente, como reportó entonces La Prensa. Comenzó a decirse que era necesario hacer reformas urgentes para salvar la institución. Había 734 mil cotizantes y 142 mil jubilados, a los que se le desembolsó 569 millones de dólares en pensiones durante ese año, según datos de la Contraloría. Quince años después, la situación no cambió demasiado: hay 3.232 millones de dólares para pagarle a cerca de 290 mil jubilados. Mientras, más de 5.000 millones de dólares se inflan en el mundo de las finanzas: recién a finales de esta década se empezarán a usar para pagar las jubilaciones de las personas que hoy aportan al sistema mixto.

Dónde invierten las pensiones

Aunque incompleta, la información brindada por la CSS a un pedido de acceso a información da una pista del vaivén de inversiones en valores y depósitos de plazo fijo del sistema mixto: a partir del 2010, la entidad comenzó a depositar plazos fijos en la banca privada. Fueron 14 millones de dólares en tres bancos: Bicsa, Scotia Bank y HSBC. Dos años después, la cifra ascendió a casi  25 millones. Luego bajaron y volvieron a subir a 83 millones en 2014. En 2015 sucede el salto más importante: de 83 a 697 millones.

La CSS empezó a invertir, desde el 2011, en valores comerciales negociables y en notas comerciales negociables en el sector privado y, aunque al principio, los montos no superaron los 3 millones de dólares, en el 2018 dio un salto significativo al colocar 100 millones en notas comerciales negociables del Banco Interamericano de Desarrollo.

La compra de bonos corporativos en la banca privada también tuvo un aumento representativo entre el 2014 y 2015 al pasar de 43 millones de dólares a 131 millones de dólares.

La opacidad informativa es otro déficit de la institución: en los informes financieros no hay claridad sobre los réditos totales que recibe la CSS por cada inversión y cuánto es lo que ingresa a cada uno de los dos sistemas.

Foto: Caja de Seguro Social

La diferencia entre un sistema y otro también incluye que en estos momentos el modelo mixto no paga pensiones, mientras que el solidario cada mes le aumenta la cantidad de jubilados. Solo en los primeros siete meses de 2020, la cifra de jubilados aumentó en 3,494. A julio de ese año, había 287.263 personas pensionadas. 

La mayoría de la plata disponible no va para los jubilados. Según los estados financieros, en el 2019 el 46 por ciento de la cartera de préstamos a largo plazo de la institución iban para funcionarios de la CSS. El resto, el 51 por ciento, fue para los pensionados. El año anterior se registró un 34 por ciento para los funcionarios y 60 por ciento para los pensionados, según documentó el periodista Errol Caballero en el medio digital Divergentes

Empresarios evasores

Un proceso de modernización de la contabilidad de la Caja de Seguro Social también terminó por descapitalizar los fondos de las pensiones. La propia administración de la entidad, en el 2018, detectó un sofisticado esquema que utilizaron los empresarios para evadir unos 300 millones de dólares de la cuota obrero patronal por seis años, tal como lo denunciaron en los medios de comunicación. En el 2012 la entidad había instalado un moderno software que permite a las compañías el pago de los fondos de manera electrónica y hacer correcciones de la planilla, lo que fue aprovechado por los empresarios  para falsear información y generar créditos a su favor.

Todo eso descapitalizó a la CSS, una entidad también con problemas en el suministro de medicinas y en la provisión de atención médica, denunciada por los propios pacientes, de la que dependen miles, como Mary Villavicencio, quien en medio de la pandemia tuvo que destinar parte de los 150 dólares que cobra por quincena a la compra de medicinas para controlar su arritmia cardíaca, cuando la institución está obligada a garantizarlas.

—Afortunadamente ya el Seguro me está ofreciendo los medicamentos y no lo debo comprar— dice con voz de aliento. Con una carta firmada por ella y sus datos personales, su nieta de 23 años acude periódicamente a retirar los medicamentos.

Al menos Mary está dentro de quienes reciben jubilación. En Panamá, una economía con un mercado laboral informal del 52.8%, habían 777,162 personas sin un empleo formal en septiembre de 2020. Nada les garantizaba el pago de la cuota obrero patronal, por lo que difícilmente podrán jubilarse, a menos que pagasen voluntariamente las 240 cuotas que exige la Ley Orgánica de la CSS. Otros 125,000 en edad de jubilación, que sólo reciben un subsidio mensual de 120 dólares, como parte de un programa estatal creado en el 2009 para ayudar económicamente a la población de mayores de 65 años que están por fuera del sistema de jubilación.

La morosidad que desangra

A los problemas financieros de la CSS, se suma la alta morosidad de los empresarios en el pago de la cuota de los trabajadores a su cargo: su deuda alcanzaba los 350.7 millones de dólares a junio de 2020. En la lista de morosos figuraban 43,864 empleadores.

La ley 51 define que los empresarios que en el término de tres meses no hayan entregado a la Caja de Seguro Social la cuota obrero patronal “incurrirá en el delito de retención de cuotas (…) y será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años”. Pero hasta la fecha no ha habido un caso de detención, a pesar que semestralmente la CSS publica el listado de los morosos. Todo eso llevó a lo obvio: crisis y el inminente colapso del sistema solidario que ha advertido la propia entidad.

En abril de 2020, mientras el gobierno central diseñaba medidas para mitigar los efectos económicos de la pandemia, en la CSS buscaban desesperadamente una salida. Los temores de los directivos eran que la crisis sanitaria adelantara las proyecciones de la entidad, que indicaban que el sistema solidario tendría capacidad para pagar las pensiones hasta el 2026. Para que dicho sistema sea sostenible, por cada jubilado se necesitan 17 personas trabajando que aporten, de acuerdo al cálculo del actuario de la CSS, Dino Mon. Hoy esa relación es 2.6 a 1, de acuerdo a los cálculos de jubilados y cotizantes de la CSS de 2019. La desfinanciación del sistema solidario que produjo la ley 51 y el aumento de la expectativa de vida que pasó de 72, en 1990, a 78 en 2018 hicieron lo suyo. El déficit llegó a 297 millones de dólares, por lo que la CSS utilizó fondos de la reserva.

De todas maneras, era algo que en 2005 —cuando dividieron el sistema— muchos advirtieron. Sin embargo, el gobierno que lo promovió y los dos siguientes prefirieron ignorar el problema que se avecinaba. “Nosotros advertimos que el sistema solidario se quedaría sin fondos en pocos años porque cada año tendría menos cotizantes”, dijo el dirigente sindical Saúl Méndez, quien en 2005 fue uno de los que encabezó la lucha contra la reforma al sistema de pensiones.

No se equivocó. Del 2015 al 2019, la cifra de cotizantes al sistema solidario disminuyó de 737,942 a 643,058, mientras que el sistema mixto aumentó de 444,407 a 556,373. 

Un futuro sin consenso

El actual escenario revivió el debate. El subdirector de la CSS, Francisco Bustamente, propuso, en mayo de 2020, volver atrás: “La fusión de los programas IVM de Beneficio Definido y Mixto, como existía previo a la reforma del año 2005”, dijo en un comunicado. Por ley estos fondos no se pueden utilizar para pagar las jubilaciones del sistema solidario, así que habría que modificarlo con una nueva norma.

Foto: Caja de Seguro Social

El diputado Leandro Ávila, del oficialista Partido Revolucionario Democrático, se mostró de acuerdo: “Debemos pasar al sistema solidario y destinar un porcentaje de los ingresos del Canal de Panamá para fondear las jubilaciones”, opinó. 

Claro que hay detractores. En la lista aparecen primero los empresarios: les gusta el sistema mixto porque alegan que el sistema solidario no es sostenible (“ya no es sostenible en ninguna parte del mundo”, pero reconocen deficiencias en la administración de los fondos. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, el gremio empresarial más fuerte del país, considera que “la institución necesita reformas urgentes en su estructura y gobernanza”. 

¿Cuáles son las reformas aceptables para ellos? César Tribaldo, integrante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), ha dicho que es hora que la CSS sea dividida en dos entidades: una que administre el servicio de salud y otra que administre los fondos de pensiones, esta última con estructura empresarial, pero pública.

“El sistema mixto se creó para complacer a los organismos financieros internacionales y sectores económicos que promueven la privatización”, dijo la economista Maribel Gordón. Por otra parte, Héctor Ávila, dirigente del movimiento de jubilados Coordinadora Fecha también es partidario de volver al sistema solidario. “Hay que incrementar las ganancias de las inversiones y los gobiernos deben aportar más al fondo de las jubilaciones”.

“Realizadas todas las corridas actuariales posibles, se determinó que la opción menos costosa desde el punto de vista social, era fundir nuevamente ambos programas en un esquema solidario. Con esta opción, se lograba una sobrevivencia mayor que permitiría tomar medidas más profundas para hacer sostenible en el largo plazo el programa de pensiones”, sostuvo Francisco Bustamente como propuesta en un comunicado divulgado por la CSS. Nadie en el gobierno ha dicho algo sobre esto. Al menos hasta ahora.

Eso sí, han instalado una mesa de diálogo para discutir el futuro de las pensiones, que sería el futuro de la Caja de Seguro Social (CSS).

Mientras las discusiones siguen y los millones de los aportantes panameños danzan en bancos estatales y privados, títulos de valores y bonos del tesoro de un sistema que no paga pensiones, Mary pasa sus días pendiente de cuando la CSS abra las citas de especialistas para que su cardiólogo la examine, mirando televisión y hablando por teléfono con sus hijos en su apartamento diminuto sobre la calle 21 de El Chorrillo. La noticia de la crisis de los fondos de pensiones la escuchó un día ni bien se levantó, por radio, a las 5 de la mañana: casi se infarta.

—Ay mi vida— dice meses después de enterarse— ¿no sé qué haría si dejo de recibir mis 300 dólares de jubilación porque a mí no me gusta depender de nadie, yo prefiero comprar mi comida.

Luego de tomar aire, lo acepta: no podría comprar el arroz, la carne, el pollo, todas esas cosas que uno compra para la comida de casa. Como los otros 61,788 jubilados, que cobran menos de 300 dólares en el país del Canal.

*Este reportaje forma parte del especial regional ‘A dónde va mi pensión’, realizado con el apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting y el Instituto de Prensa y Sociedad.
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About the author

Jose Arcia

Fundador del colectivo Concolón, José lleva más de 15 años gastando las suelas de los zapatos con el periodismo. Literal: camina, va y viene donde sea por el dato más insignificante. Lo hizo al principio como reportero en diario La Prensa, colaborando con la agencia de noticias AFP o en la revista ambiental Mongabay Latam, hasta llegar a ser editor de cierre de La Estrella de Panamá. Para Concolón, metió las narices en las cifras de la deuda.

Jose Arcia
Jose Arcia
Fundador del colectivo Concolón, José lleva más de 15 años gastando las suelas de los zapatos con el periodismo. Literal: camina, va y viene donde sea por el dato más insignificante. Lo hizo al principio como reportero en diario La Prensa, colaborando con la agencia de noticias AFP o en la revista ambiental Mongabay Latam, hasta llegar a ser editor de cierre de La Estrella de Panamá. Para Concolón, metió las narices en las cifras de la deuda.