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En la peor crisis desde 1989, el Gobierno pidió  500 millones de dólares para ayudar a los bancos y destinó seis veces menos a atender la vulnerabilidad social. Para diseñar la economía que viene, el presidente convocó a empresarios y dirigentes con intereses en el país interoceánico: ni una mujer, ni un indígena, ni un referente de sindicatos estuvieron sentados en esa mesa. ¿Cómo se construirá el país que viene? ¿Cómo debería construirse?

La noche del 9 de marzo fue como cualquier otro lunes: los cines proyectaban las películas anunciadas, en las cantinas se servían cervezas y el caótico tráfico de la capital, seguía su frenética rutina. Una normalidad que ese día se quebró, tal vez para siempre, cuando en la primera cadena nacional de muchas que vendrían el Gobierno confirmó lo obvio: el virus había llegado a Panamá.

Ahora que tras casi tres meses de encierro forzado el sistema de salud no colapsó y flexibilizaron la cuarentena —probablemente para volverse a forzar— , la duda es el futuro. ¿Viviremos distantes hasta que olvidemos cómo abrazarnos? ¿Habrá trabajo para todos? ¿Cómo se estructurará la economía? ¿Quiénes comerán y quiénes no? Esas son algunas de las grandes cuestiones por estos días. Cuestiones que dependen de decisiones. Será de una u otra forma según quién o quiénes lo decidan, y para impulsar qué.

Laurentino Cortizo comandará esta nueva etapa, con un panorama crítico: estimaciones oficiales plantean un desplome del 2 por ciento del PIB,  pequeñas y medianas empresas quebrarán, habrá 20 por ciento más de desempleo y una posible recesión. El séptimo presidente que ocupa el Palacio de Las Garzas desde 1989, debe gobernar una crisis económica severa y con consecuencias sociales impredecibles, algo que el país no había vivido desde la Invasión.

Para fijar lo por venir, Cortizo convocó a un Consejo Consultivo Económico. El 20 de abril el vicepresidente Gabriel Carrizo mostró quiénes eran en su cuenta personal de Instagram:  hombres, mayoritariamente blancos, algunos altos funcionarios públicos con vínculos al sector privado y actuales ejecutivos de bancos, directivos de puertos, referentes del sector inmobiliario y de otros sectores ligados a los negocios y servicios del Hub que es Panamá.

Gracias a la publicación del vicepresidente Gabriel Carrizo en su Instagram, se conocieron los convocados a la reunión del frente económico.

Las decisiones tomadas por el Gobierno hasta ese momento, habían sido leídas como insuficientes para contener las necesidades de los más vulnerables en tiempos de pandemia: un bono mensual de 80 dólares y bolsas de comida mensual que no pasan los 20. Mientras países como Perú o Costa Rica dieron apoyos que superan los 200 dólares, aquí Cortizo pretendió resolver la economía de las familias con menos de la mitad de lo que vale la canasta básica familiar —300 dólares por mes—. La articulación del programa de asistencia, llamado Panamá Solidario, a cargo de los ministros de Desarrollo Agropecuario (Mida) y de Desarrollo Social (Mides),  no ha estado exento de denuncias por falta de transparencia en las entregas. Por eso, referentes de la oposición, la sociedad civil y movimientos sociales, habían empezado a pedir mayor apertura, diálogo y transparencia en la gestión de la cuarentena y, más aún, de lo que vendría.

En ese contexto, la foto compartida por el vicepresidente prendió todas las alarmas. ¿Se puede diseñar un futuro democrático, igualitario, justo, con un puñado de representantes de un sólo sector de la sociedad? ¿Sin mujeres? ¿Sin indígenas? ¿Sin movimientos sociales? ¿Sin más intereses que los concentrados en la ruta interoceánica?

El frente económico

En el frente económico hay algunas caras bien reconocibles, como la de Alfredo Alemán del Grupo multiempresarial Los Pueblos, la de Carlos A. Motta —Junta Directiva del Banco General—, y la de Jorge Juan De La Guardia, por entonces presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. A todos ellos se los vio en un cuadro de la pantalla, la virtualidad Covid, desde sus residencias y despachos. Igual al gerente de la transnacional Cable & Wireless, y cuñado de Carrizo, Julio Spiegel; al presidente de Manzanillo International Terminal,  Carlos Urriola, y a Roy Rivera —empresario del sector pesquero y expresidente del Sindicato de Industriales.

Cortizo escuchó por videoconferencia a Ricaurte Vázquez —cabeza de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)—; al jefe del Banco Nacional, Javier Carrizo; Giovanni Ferrari —gerente de la Zona Libre de Colón—, Nicolás González Revilla, miembro de la junta de la ACP y vicepresidente de la corporación de medios Medcom; y cuatro ministros de Estado —Comercio, Seguridad, Economía y Asuntos del Canal—.

Igualmente fueron de la partida exfuncionarios y políticos ligados al campo empresarial, como el excanciller y exvicepresidente Samuel Lewis Navarro; y Alberto Alemán, antiguo titular de la ACP y expresidente de la constructora CUSA, S.A., compañía que participó en la ampliación del Canal.

La videoconferencia —un reunión de menos de la hora— quedó entre los presentes. El gobierno sólo confirmó que se llevó a cabo y que se analizaron temas económicos. Dejó una larga lista de ausencias y un rosario de críticas por la falta de representatividad.

En Presidencia no dieron detalles de lo conversado en la videoconferencia | Foto: Roberto Barrios.

«Estamos ante una evidente discriminación», dijo Aresio Valiente, abogado de origen guna y profesor de derecho de la Universidad de Panamá (UP), y agregó: «Las comarcas indígenas son el 23 por ciento del territorio nacional y no se les toma en cuenta». «No había mujeres, cuando está probado internacionalmente la importancia de las mujeres en la economía y su palabra al momento de enfrentar las necesidad de la población y la familia», dijo Teresita Yaniz de Arias, exdiputada y activista por los derechos de las mujeres. «Esa mesa no representa a la sociedad panameña», sentenció Yaniz de Arias.

En este pequeño país entre sur y Centroamérica, con apenas cuatro millones de habitantes, la mitad son mujeres, más de medio millón son afro, la cuarta parte indígena y el conjunto mayoritario de la población es asalariada, independiente, informal o pobres. Pero la mesa que podría definir el destino de todos, estaba compuesta principalmente por menos del 1 por ciento del país: varones, blancos y acomodados.  «Es un reflejo de quién manda en este país», dijo la economista Maribel Gordón: «Una única visión empresarial que desconoce todas las demás».

Casi un mes después de revelarse la foto y tras las críticas, el Ejecutivo anunció la creación de una mesa tripartita donde, además del gobierno y empresarios, se sentarían los sindicatos para discutir los asuntos laborales. Tras una primera reunión el 15 de mayo, los gremios sindicales se levantaron de la mesa aduciendo que el Ejecutivo trabaja a sus espaldas y a complacencia del sector empresarial. Fuentes cercanas a Presidencia confirmaron que las reuniones con el frente económico siguen dándose. Eso sí, más discretas y sin publicaciones en redes sociales, como la inaugural.

Deuda de todos

Entre los anuncios y la falta de claridad, los reclamos hacia el gobierno se concentran en comunicación del plan, transparencia, diálogo diverso y la apertura económica.

Hasta ahora, además de la ayuda enmarcada en Panamá Solidario, el Gobierno recurrió al aumento de la deuda pública con la emisión de 2,500 millones de dólares en bonos soberanos, un préstamo de 300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro de 500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), destinado a la banca. El resto, sin destino conocido por ahora, son 500 millones al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, 40 millones al Banco Mundial y dos líneas de crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina que suman 400 millones de dólares. Hablamos de un total de 4,240 millones de dólares en deuda en menos de tres meses: más de mil dólares por cada habitante del país. El presidente dispondrá además de unos 1,000 millones del Fondo de Ahorro de Panamá, dólares fruto de las privatizaciones en los años 90.

Vista de Curundú, en contraste con los rascacielos de la ciudad. | Foto: Roberto Barrios

El Gobierno cuenta con 5,240 millones para la nueva normalidad, el nombre oficial dado a la sociedad posCovid y los repartió a su modo: 500 millones de dólares para ayudar a los bancos —con utilidades 1,880 millones de dólares en 2019— y seis veces menos —71,800 millones, según los contratos de Presidencia— para la población vulnerable. ¿Para qué se usará el resto de la deuda pública, quiénes lo deciden y administran? ¿Quién fiscalizará? ¿Quiénes se beneficiarán? No hay una explicación coherente desde el Palacio de Las Garzas. El Gobierno ha repetido que las decisiones vinculadas a la salud provienen de evidencia científica. En cuanto a las finanzas públicas, el rigor parece diluirse entre las palabras.

«Los que deciden allá arriba quieran tratar a Panamá como una piñata, pero deben tener claro que llegará un momento en que la gente va responder de vuelta», reflexiona Edith, dirigente comunal en la calle O del distrito de San Miguelito, uno de zonas populares más golpeadas por el coronavirus y con protestas casi diarias. Para Edith, que vio en este tiempo a sus vecinos cómo el bono se les esfuma en pocas comidas para su familia, el reparto de la riqueza en Panamá está estrictamente vinculado al reparto del poder. Los vecinos, sabe, ahora no parecen tener ninguno.

¿Futuro? ¿Cómo?

En un momento crucial, por el nivel de la crisis y por la evidente importancia del Estado como garante de derechos esenciales como la salud y articulador de políticas que contemplen al conjunto de la sociedad, ¿importa cómo se toman las decisiones? ¿la emergencia justifica el apuro de círculo cero o sólo es una excusa?

Richard Morales, politólogo y docente universitario opinó que es imprescindible una visión realmente democrática en la discusión de lo que viene, debatir no solo el buen reparto de la riqueza sino también del poder: «La pandemia puede ser la oportunidad para cambiar esas injusticias».

«El modelo que salga del ‘Día D’ debe ser económicamente viable, más igualitario y ambientalmente sustentable», dice el economista y exdirector de la Caja de Seguro Social, Juan Jované. En otra trinchera pero con la misma sintonía, el empresario y expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Felipe Argote, sugiere: «No todo puede estar bajo la voluntad de los mercados, hay que volver a planificar la economía desde el sector público».

Para Panademia, se consultó a empresarios, científicos, políticas, historiadoras, politólogos, referentes de la sociedad civil y el campo popular de Panamá. El pulso del futuro, para esas voces, debe marcarlo el diálogo, el consenso, la amplia participación y representatividad. Fuera de eso, repiten, la construcción superadora es improbable. Pero, ¿cómo se construyen nuevos consensos?

«Urge abrir canales de participación efectiva. Comités de asesores multidisciplinarios y con intervención ciudadana», planteó Charlotte Elton, formada en filosofía política y economista. «La información no puede ser un bien de pocos. Sin transparencia y democracia participativa, no habrá futuro»,  dijo Olga de Obaldía, abogada y directora Ejecutiva del capítulo Panamá de Transparencia Internacional. «Lo que se haga tiene que pasar por un cambio a constitucional, ajustar las relaciones de poder», subrayó Giulia De Sanctis, exdiputada y empresaria.

«Hace falta un nuevo pacto social. Convocar la discusión del proyecto de nación panameña, lo más amplio posible, dirigido por nuevos liderazgos políticos. Los jóvenes son los que pueden salvar el país», señaló Guillermo Castro, historiador e investigador. La socióloga y activista Juana Camargo apunta: «Panamá tiene que refundarse en plural y con absoluta paridad. No hay mentes iluminadas que resuelvan una crisis muy anterior al virus. Derechos para todos, y cerrando brechas: de género, raza y clase».

Más allá de los debates y la incertidumbre que acompaña estos tiempos, la vida continúa, y continuará. La lucha por vivir también. En la calle O, La Bendición, un puesto de frutas improvisado por los vecinos, sigue despachando. Contrasta con los lavamáticos, tiendas y salones de bellezas que todavía están cerrados. La cuarentena es dura en el barrio con la economía y las protestas suprimidas, sobre todo luego del tropel policial que las silenció a mediados de marzo.  «No hay persona que aguante algo como esto por siempre. Es cierto, tenemos miedo a salir, al maltrato de la Policía y el futuro pinta feo», contó Edith, la dirigente. Rodeada de piezas de auto del taller del barrio, justo al lado de casa, remató: «Pero, al final, creo en eso de que solo el pueblo es el que se salva a sí mismo, ese también puede ser un futuro».

Una familia de precaristas que busca una vivienda en Altos de Pedregal. | Foto: Roberto Barrios

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About the author

Juan Alberto Cajar B.

Periodista en La Estrella de Panamá y profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, Juan Alberto está convencido de que la política es el arte de lo imposible. El día que se supo del primer caso de Covid-19, estaba en un bar con amigos, brindando por la incertidumbre del futuro. Por Instagram le llegó una foto de Nito reunido con sus asesores económicos, y se quedó con la idea de saber cómo y quiénes decidirán el destino del país tras la pandemia. Preguntó, pensó y lo contó para la Revista Concolón.

Juan Alberto Cajar B.
Juan Alberto Cajar B.
Periodista en La Estrella de Panamá y profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, Juan Alberto está convencido de que la política es el arte de lo imposible. El día que se supo del primer caso de Covid-19, estaba en un bar con amigos, brindando por la incertidumbre del futuro. Por Instagram le llegó una foto de Nito reunido con sus asesores económicos, y se quedó con la idea de saber cómo y quiénes decidirán el destino del país tras la pandemia. Preguntó, pensó y lo contó para la Revista Concolón.